El informe reveló que en 2024 se registraron 76 homicidios de niños, niñas y adolescentes -la cifra más alta en los últimos siete años-. El estudio elaborado por 11 instituciones justo a la Fundación Amparo y Justicia, advierte brechas urgentes en prevención, coordinación y respuesta del Estado.
Cada cinco días muere un niño, niña o adolescente en Chile a causa de un homicidio. Así lo advirtió la Fundación Amparo y Justicia en la presentación del diagnóstico intersectorial para la prevención e investigación de estos delitos, que revela que 2024 cerró con 76 víctimas fatales que refleja un aumento sostenido de estos crímenes.
Las cifras más preocupantes en siete años
En Chile los homicidios de niños, niñas y adolescentes se duplicaron entre 2018 y 2024, pasando de 38 a 76 victimas. En total, en los últimos siete años se registró un total de 359 homicidios infantiles, según el informe “Diagnóstico de la Investigación de Homicidios de NNA en Chile, octubre 2024” de la Fundación Amparo y Justicia.
El perfil de las víctimas muestra que un 64% eran adolescentes de entre 15 y 17 años, mientras que el 15% eran menores de 3 años. Por otro lado, el 65% de los crímenes en 2023 fueron cometidos con armas de fuego, y los ocurridos en contexto de violencia intrafamiliar aumentaron un 600% en solo un año. A nivel global, los NNA representan el 15% de las víctimas de homicidio; en Chile, solo el 5%, aunque con tendencia al alza.
“Los niños más pequeños mueren principalmente en sus hogares a manos de personas del entorno cercano”, enfatizó el jefe de estudios de la Fundación Amparo y Justicia, Nicolás Pietrasanta.
Brechas y desafíos institucionales
El Grupo Intersectorial para la Prevención e Investigación de Homicidios de NNA, integrado por el Poder Judicial, Ministerio Público, Subsecretaría de la Niñez, Subsecretaría de Prevención del Delito, Minsal, Mineduc, Carabineros, PDI, Servicio Médico Legal, Servicio Nacional de Protección Especializada y la Defensoría de la Niñez, elaboró el diagnóstico junto a la Fundación.

Durante la presentación participaron el fiscal nacional Ángel Valencia, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, la subsecretaria Verónica Silva y el director general de la PDI, Eduardo Cerna, entre otras autoridades.
El informe identifica siete problemas centrales:
- Déficit en el enfoque de derechos de la niñez.
- Fragmentación y dificultades de coordinación interinstitucional.
- Barreras en el intercambio de información.
- Escasez de protocolos y falta de estandarización de procedimientos.
- Brechas en el trabajo especializado.
- Condiciones laborales precarias en los equipos.
- Nuevos escenarios de violencia en un contexto social adverso.
“Si estuviéramos muy bien coordinados, podríamos haber salvado vidas. Lamentablemente, eso no ocurrió en al menos 76 casos el último año”, enfatizó el jefe de estudios de la Fundación Amparo y Justicia, Nicolás Pietrasanta.
En este mismo contexto, la subsecretaria de la niñez agregó que “desde 2018 hasta 2024, el 96% de los niños asesinados contaba con una o más intervenciones de alguna institución del Estado”, lo que deja en evidencia la falta de coordinación por parte de las instituciones.
El diagnóstico corresponde a la primera fase de trabajo del grupo intersectorial y servirá de base para nuevas propuestas de política pública. Sin embargo, desde la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille fue categórico: “Sin importar el número, ya falleciendo un niño o adolescente, tenemos una red que ha fallado como Estado”.
¿A qué se debe el alza?
Para el sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile el alza del 600% en homicidios por violencia intrafamiliar no puede entenderse sin el impacto de la pospandemia. Además, El experto planteó que, además de un aumento real de la violencia, hoy existen más mecanismos de denuncia y registro, lo que visibiliza casos que antes permanecían ocultos:
“Muchas familias quedaron bajo más estrés y cargas laborales, lo que terminó afectando a niños y adolescentes dentro de los hogares. No es solo un problema de estadísticas; vivimos un contexto de mayor inseguridad y crisis institucional que agrava las tensiones dentro de las familias”, explicó.